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Sobre representaciones sociales que criminalizan al extranjero

Anahí

Por Anahí Patricia González

Hace algunas semanas se conoció en Argentina la firma de un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones por medio del cual el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cedía un edificio, en uno de los barrios de dicho distrito, para la creación de un centro de “retención” de migrantes, en el cual se “alojará” a  extranjeros, mientras dure el proceso judicial por medio del cual se decide o no la expulsión de migrantes en situación irregular.

En informes de Opiniones Consultivas de Naciones Unidas sobre la situación de los DDHH de los migrantes puede leerse consideraciones acerca de cómo en ciertos países se realiza un uso desproporcionado del sistema de justicia penal para administrar la definida por los estados como migración irregular. El ejercicio discriminatorio y persecutorio hacia migrantes por parte de algunos estados supone la coexistencia de un “doble standart”: derechos para los nativos y supresión de garantías para un grupo previamente definido como el “enemigo”, asociado a la idea de peligrosidad, ilegalidad y aprovechamiento de los bienes nacionales.

“El Relator Especial observa con preocupación que algunos países consideran delito la entrada y residencia irregulares en su territorio. Desea destacar que la entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delito, ya que no constituyen en sí delitos contra las personas, el patrimonio o la seguridad nacional. Es importante subrayar que los migrantes irregulares no son delincuentes en sí y no deben ser tratados como tales. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado que “tipificar como delito la entrada ilegal en el territorio de un Estado trasciende el interés legítimo de los Estados de controlar y regular la inmigración ilegal y da lugar a detenciones innecesarias””[i]

El ejemplo extremo de estas prácticas puede verse en los centros de detención de migrantes de “países del primer mundo” y en las prácticas de despojo de todo derecho (libertad, garantías procesales, etc.) que allí se despliegan a los ojos de un mundo que pareciera haber naturalizado dicha situación. Considerando las consecuencias legales y políticas que estas decisiones suponen, me interesa presentar aquí algunas reflexiones acerca de cuáles considero podrían ser algunos de los efectos que, este tipo de medidas de política migratoria, a nivel de las representaciones sociales y el imaginario colectivo pueden conllevar:

– el reforzamiento de un imaginario social que asocie a los extranjeros con la delincuencia, lo ilegal, lo anómalo. Esta idea, sin duda, ya presente en el seno de la sociedad argentina, podría emerger nuevamente con intensidad, tal como ocurriera durante ciertos años de la década de 1990. Diversas investigaciones acerca de las representaciones sociales que los nativos construyen acerca de los migrantes, en las que he participado, señalan que la idea de ilegalidad aparece vinculada los extranjeros como uno de sus atributos centrales y que la mayor o menos virulencia de dichas representaciones, aunque manteniéndose latentes de modo continuo, depende de situaciones de deterioro de las condiciones materiales de la sociedad.

– La naturalización de un discurso oficial, que los medios de comunicación masivos reproducen cotidianamente, que criminaliza a las migraciones y que propugna la necesidad de “ordenar” el fenómeno migratorio con medidas restrictivas y alejadas de una perspectiva de DDHH.

– La  sedimentación en el “conocimiento de sentido común” de imaginarios sociales que culpabilicen a los migrantes de males tales como la inseguridad, la desocupación y crisis económica.

Estos imaginarios sociales, que con mayor o menor grado, podemos encontrar en todas las sociedades receptoras de migraciones, se vinculan con la construcción de la otredad migrante como la causa de todos los “males”, explicación simplista a la que suelen  recurrir las sociedades, con mayor afán, cuando ven descomponerse sus lazos y “seguridades” sociales, fenómeno que, sin duda, nada tiene que ver con la presencia de extranjeros.

[i] Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, A/HRC/20/24, 2 de abril de 2012. Privación de la libertad de los migrantes en situación irregular.

10/10/2016.

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